Hermosillo, Sonora.- Imponer sanciones y penas de dos a diez años de prisión para quien aseche, vigile o intercepte las transmisión de corporaciones policiacas, propuso la diputada panista Perla Zuzuki Aguilar Lugo al Congreso del Estado con la finalidad de prevenir cualquier tipo de acto delictivo.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Poder Legislativo presentó ante el pleno la iniciativa de decreto que adiciona artículos BIS y TER al Título Octavo Capítulo Único de Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia del Estado, misma que pretende condenar dicha actividad conocida como «Halconeo» por quienes integran el crimen organizado.
Explicó que la actividad de espionaje basada en la vigilancia e intercepción de la actividad policial representa una amenaza para la paz y la tranquilidad social, por lo que es necesario dotar al estado de herramientas eficaces que sustenten legalmente tanto sanciones como condenas penales.
«Sonora no es ajeno a la violencia que se vive en el país y es precisamente por ello que debemos prevenir cualquier tipo de conducta delictiva que ponga en riesgo la paz y la tranquilidad social. Es por ello que considero necesario que esta práctica se encuentre sancionada en el Código Penal del Estado de Sonora, con el fin de prevenir la posible realización de un acto delictivo», dijo la diputada local.
Además de establecer una sanción a través del Código Penal, se pretende imponer una multa de 200 a 400 días de salario mínimo para aquellos que incurran a la actividad de espionaje, conocida entre integrantes del crimen organizado como «Halconeo» y que se encuentra en la escala más baja en la pirámide de los cárteles.
«Es triste ver como la juventud se ve involucrada en este tipo de situaciones irregulares al servicio de la delincuencia organizada. El llamado «Halcón es la escala más baja en la pirámide de un cartel, los que entran en esa dinámica lo hacen al espejismo de ganar grandes cantidades de dinero, sin saber que simplemente son utilizados y sin saber el enorme daño que le hacen a las operaciones militares y policiacas sino, por sobre todas las cosas, las repercusiones que tiene en la descomposición social».
De establecer dichas disposiciones al marco normativo, Aguilar Lugo garantizó un impacto positivo a las estrategias de seguridad empleadas por los cuerpos policiacos en el Estado, al igual que fomentará la eficacia de estos para prevenir la delincuencia en Sonora.
