Nogales, Sonora.- La demanda contra la extesorera Enedina Haro Moreno, por el desvío de recursos federales de la PTAR, ahora sigue su curso por la vía penal y está en manos de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
El jefe del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría del Gobierno de la Ciudad), Sergio Ulloa Carpena, informó que se trata de una demanda penal, que se interpuso en contra de la ex funcionaria por el desvío de más de 14 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que están desaparecidos.
“Son dos los procedimientos que se llevan en los juzgados, uno es administrativo y el otro de tipo penal; el primero por la determinación de la Contraloría de inhabilitarla para ocupar cargos públicos por espacio de los próximos seis años y el segundo es por los malos manejos de los recursos públicos”, explicó el funcionario.
Hay pruebas documentales que demuestran que a Haro Moreno se le notificó en el domicilio que está asentado en los documentos emitidos por las instancias investigadoras y del propio Juzgado Sexto en donde está en proceso la demanda penal, dijo Ulloa Carpena.
En el primero de los casos, a la señalada se le fincó una sanción administrativa que la contempla la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que le mereció la inhabilitación por los seis años siguientes y que entró el vigor el 4 de Enero del presente año y se dio por notificado ante la Contraloría General del Estado de Sonora y en la Dirección General de Patrimonios del Estado.
«En torno a este tema, no hay retroceso, ya que es un dictamen final que se tomó en base a lo que establece la ley en esta clase de asuntos, aunque la demandada puede tomar acciones de defensa que de nada le servirán, y Enedina Haro no podrá ejercer ningún puesto público en todo el país y a lo largo de ese periodo, precisó.
Resaltó que la demanda penal sigue su curso en el Juzgado Sexto Federal y se siguen presentando documentos y pruebas que demuestren la responsabilidad de la ex funcionaria por el desvío de los recursos públicos de la federación.
