Trágica víspera del quinto informe en Sonora

Arturo Soto Munguia
Hermosillo, Sonora.- Todo se encuentra listo para que este viernes, la escalada de protestas contra el gobierno de Guillermo Padrés tome nuevos bríos, esta vez desde Ciudad Obregón, donde a partir de las cuatro de la tarde, comenzará una megamarcha, retomando las demandas contra el Acueducto Independencia y exigiendo la liberación de Mario Luna y Fernando Jiménez, indígenas considerados presos políticos.

La movilización tiene como telón de fondo la demanda de juicio político contra el gobernador del estado, y es convocada por el Movimiento Ciudadano por el Agua, la etnia yaqui y diversas organizaciones sociales y políticas. Diversos contingentes de otras ciudades, señaladamente Hermosillo, anunciaron que se harán presentes.

También el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano anunció su presencia en la movilización, acompañado de otras personalidades que en meses pasados hicieron publicar un desplegado en apoyo a la lucha de los yaquis.

Mario Luna y Fernando Jiménez fueron detenidos en septiembre pasado, acusados de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. El expediente tiene que ver con el sometimiento que hicieron en julio del año pasado, en apego a los usos y costumbres de la tribu, a Francisco Delgado Romo, un profesor bilingüe, alfil del gobierno estatal para oponerse a la lucha contra el Acueducto.

Delgado Romo apareció muerto y calcinado, también el mes pasado, y sobre su cadáver se halló una cartulina con una leyenda que rezaba: “por culón y traidor a la tribu te llevó la verga”. Inicialmente se quiso inculpar a los hoy detenidos por ese crimen (de hecho, la esposa del hoy occiso señaló a Mario Luna como posible responsable), pero el asesinato tiene las características del crimen organizado.

Lo cierto también es que Mario Luna se ha significado en los últimos años, como uno de los liderazgos más visibles en la lucha contra el acueducto, lo mismo que Tomás Rojo, sobre quien pesa una orden de aprehensión por esos mismos motivos, y actualmente se encuentra en algún lugar que casi nadie conoce, mucho menos las autoridades, que lo siguen buscando para encarcelarlo.

Los convocantes a esta megamarcha ya han organizado por lo menos otras tres movilizaciones en el pasado reciente, en las que han logrado reunir entre 20 y 30 mil personas, por lo que se espera que la del diez de octubre rebase estas cifras, ya que en los últimos meses se ha recrudecido la ofensiva del gobierno estatal contra ellos.

La manifestación en Ciudad Obregón se llevará a cabo una semana antes del informe de gobierno de Guillermo Padrés, que tendrá lugar en Hermosillo el próximo 18 de octubre en el Centro de Usos Múltiples, y del que, más que un informe, se espera una nueva andanada de arengas plazueleras de parte de un gobernador que en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán de las críticas en medios locales y nacionales, sobre todo a raíz del descubrimiento de grandes inversiones en ranchos y presas particulares, así como millonarias operaciones de bienes-raíces presuntamente fraudulentas, sin contar los escandalosos desfalcos de recursos federales y estatales.

Un informe al que el gobernador no llega en su mejor momento. Antes bien, diríase que llega en el peor de sus momentos, considerando que no solamente mantiene frentes abiertos con sectores y organizaciones del sur del estado; con la oposición en el Congreso local, con transportistas de Hermosillo, Cajeme y Navojoa; con una larga lista de proveedores con quienes mantiene adeudos por más de mil millones de pesos. Con una sociedad civil agraviada ante tantos excesos del poder.

Por si algo faltaba, en todos estos meses en que al gobierno del estado le ha resultado imposible marcar agenda en la vida pública, ocupado como está en capear el temporal de críticas, señalamientos, acusaciones, demandas, esta semana abrió con pésimas noticias.

Si la semana pasada los funcionarios del padrecismo fueron mandados a las calles y las escuelas a regalar uniformes y zapatos, para intentar paliar un poco el descrédito, este lunes fueron cimbrados por una nueva tragedia.

En Hermosillo se registro una escalada violenta del crimen organizado, como no se veía desde muchos años atrás. La tarde noche del lunes, un comando armado atacó a varios hombres en una gasolinera al norponiente de la ciudad, con saldo de dos personas muertas y un lesionado.

Miguel Arturo Granillo López, uno de los asesinados era funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se desempeñaba como secretario auxiliar de Acuerdos en la Dirección de Asuntos Jurídicos. Junto con él fue muerto su hermano, que laboraba en la Secretaría de Educación Pública.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

El martes por la mañana, volvió a sonar la metralla en la capital de Sonora, cuando fue asesinado a balazos otro hombre, en las afueras de un centro comercial, también en el norponiente. Momentos después se supo que un agente de la Policía Estatal Investigadora fue herido de bala, al ser atacado por desconocidos “mientras investigaba” el asesinato recién cometido, según la versión oficial.

La escalada de violencia en Hermosillo cobró dimensiones inusuales en las redes sociales y medios tradicionales, debido a que los responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en el estado, se ocuparon con ahínco denodado durante los días anteriores, a publicitar sus fotografías entregando zapatos en las escuelas.

La idea de un gobierno que ya en el ocaso del sexenio no aprendió a gobernar, sino que se quedó ciclado en el proselitismo electoral, se reforzó en estos días, con los hechos violentos y la poca capacidad de respuesta institucional.

No hay hasta el momento, una explicación convincente sobre lo que está sucediendo en Hermosillo, donde la sociedad luce impactada por estos crímenes violentísimos que, a juzgar por experiencias de quienes conocen de estos temas, tienen todo el sello del crimen organizado, el ajuste de cuentas o la disputa por la plaza, en la que no se descarta el involucramiento de elementos policiacos.

Ese es el contexto en el que Guillermo Padrés llega a su quinto informe de gobierno. Un contexto de descomposición social y política; de incapacidad para tender puentes y de mucha, mucha voluntad para dinamitarlos.

Los próximos días serán, sin duda, intensos en Sonora.

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