Sonora, la justicia y los bueyes de mi compadre

Arturo Soto Munguía
Pues sí. Sonora sigue ganando fama como territorio de la impunidad y del sometimiento del Poder Judicial a los mandatos del Ejecutivo, para utilizar el aparato de procuración e impartición de justicia, como un garrote contra los enemigos políticos, y como un blindaje impenetrable para los amigos y compañeros de viaje en este accidentado sexenio que ya entró a su recta final.

Ayer, el empresario Jaime López Tejeda se manifestó a las afueras de la Cámara de Diputados federales, denunciando al panista plurinominal Mario Sánchez Ruiz, empresario cajemense, ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial y de la Cámara Nacional de Comercio. Sánchez Ruiz ha sido enlistado por algunos columnistas locales, como eventual “caballo negro” en la carrera por la nominación del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora.

Semanario Proceso publicó ayer la nota respectiva (que usted puede consultar completa también en éste, su portal favorito http://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artids=2392&categoria=2 , donde se relata detalladamente el peregrinar de López Tejeda, reclamando el pago de dos millones de pesos por servicios prestados a Mario Sánchez Ruiz, pero sobre todo, su encuentro con los tribunales locales, donde la justicia se aplica con criterios eminentemente políticos, según denuncia.

Este caso “fue acreditado por la Procuraduría General de Justicia de Sonora, pero las relaciones del diputado panista con el gobernador Guillermo Padrés, también del PAN, han impedido que se ejerza acción penal en su contra, previo juicio de procedencia para quitarle el fuero”, dice la nota de Proceso.

Cansado de buscar acción penal en Sonora, López Tejeda acudió al recurso extremo de manifestarse en la Cámara de Diputados y hacer pública la denuncia, que han retomado los medios nacionales.

Por alguna razón, en Sonora no resulta tan sorpresivo enterarse de un caso más en que el aparato de justicia se aplica con criterios políticos. Y no podría ser de otra manera, considerando por ejemplo que, el nombramiento del actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Sebastián Sotomayor estuvo viciado de origen: impugnado por diputados de oposición que demostraron irregularidades en la expedición del título profesional del hoy magistrado, la bancada del PAN en el Congreso validó el nombramiento, amparados en un Boletín Oficial del gobierno del estado publicado el mismo día en que se votaría el asunto.

Juan Sebastián Sotomayor Tovar se había desempeñado, hasta antes de ese nombramiento, como director jurídico de la bancada del PAN en el Congreso local desde un par de legislaturas anteriores.

Por otro lado, el procurador de Justicia en Sonora, Carlos Navarro Sugich es otro abogado, egresado de la Universidad de Hermosillo, una institución ‘patito’ cuyo rector, Federico Savignon Plaza, fue pillado por la Comisión Federal de Electricidad cuando instaló ‘diablitos’ para robarse el fluido eléctrico que abastecía a la institución.

Las autoridades terminaron clausurando las instalaciones de esa ‘universidad’, que hoy opera precariamente en algún edificio de medio pelo, en un modesto barrio de Hermosillo.

Sotomayor Tovar, Navarro Sugich y Savignon Plaza tienen como común denominador su militancia panista y su cercanía con el actual gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Por cierto, Navarro Sugich también fue denunciado por Semanario Proceso, como presunto delincuente, según la nota de Patricia Dávila fechada en marzo de 2012, que usted puede consultar en esta liga: http://www.proceso.com.mx/?p=300403

El hoy procurador tiene demandas penales por abuso de autoridad, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, usurpación de funciones, despojo, invasión a propiedad privada, amenazas e intimidaciones, de acuerdo con la nota de Proceso.

Para efectos de esta columna, dejaremos de lado a Savingon Plaza. Un rápido recuento de casos en que el aparato de administración y procuración de justicia en Sonora ha actuado para criminalizar a la disidencia y para blindar a los amigos del gobernador, nos encontramos con algunos de los más sonados.

-Gisela Peraza, la trabajadora doméstica acusada de un millonario robo en casa de sus patrones (la familia del gobernador) y que sigue presa en algún penal de Sonora. Los detalles de este asunto también los puede consultar en el portal de Comunicación e Información de la Mujer AC: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67695

-El asesinato del diputado local electo Eduardo Castro Luque. Un asunto donde se detuvo a una serie de implicados, en lo que más pareció un montaje mediático que una intención por esclarecer el crimen. El presunto autor intelectual, un joven priista que firmaba como su suplente, sigue desaparecido.

-En marzo de 2010 fueron asesinados Javier Meza Soto, Humberto Aispuro Rodelo y Alejandro Méndez Domínguez, todos ellos líderes transportistas de Cajeme, que se dirigían a Hermosillo a una reunión con autoridades estatales para atender conflictos de ese sector, que por cierto siguen vigentes. Los tres crímenes siguen impunes.

-En octubre de 2013, María Jesús Llamas Coronado (a) La China, apareció muerta en las celdas de arraigo de la Policía Estatal Investigadora con sede en Guaymas. La China era una activista del PAN a quien detuvieron como presunta implicada en el secuestro de Omar Núñez Caravantes, entonces dirigente municipal del blanquiazul en el puerto.

Las autoridades locales dictaminaron que se trató de un suicidio, pero los peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, después de exhumar el cadáver y hacer los exámenes correspondientes, concluyeron que las heridas infligidas no pudieron ser causadas por ella misma.

-El asunto más reciente es el de Francisco Delgado Romo, un profesor indígena, de la etnia yaqui, que fue encontrado muerto, su cuerpo quemado y con una cartulina en la que aparece una leyenda escrita en español, donde lo acusan de traidor a la tribu.

Delgado Romo era un incondicional del gobierno estatal, activista entregado a la causa de boicotear la lucha de la etnia contra el Acueducto Independencia. Hace más de un año, Delgado Romo intentó romper el bloqueo carretero que los yaquis mantienen en Vícam. Echó encima de los manifestantes su camioneta, por lo que fue detenido y juzgado bajo los usos y costumbres de la tribu, que en síntesis, consiste en confinarlo hasta que se le bajara la borrachera que traía.

Por esos motivos, la procuraduría estatal recibió desde entonces (hace más de un año) una denuncia por privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, misma que permaneció archivada hasta hace un par de semanas, cuando los agentes de la PEI, vestidos de civil y en vehículos particulares, detuvieron a Mario Luna Romero, uno de los voceros de la etnia en la lucha contra el Acueducto Independencia.

Una semana después detuvieron a tres indígenas más, acusados de lo mismo. Todos están presos actualmente.

En Cajeme, se está convocando a una megamarcha para el próximo 10 de octubre, exigiendo la liberación de los indígenas detenidos. Y cuando se habla de ‘megamarchas’ en Cajeme, se habla de 25 a 30 mil manifestantes llenando las calles de la ciudad.

Los anteriores son sólo algunos casos para ilustrar por qué ciudadanos como López Tejeda, tienen que buscar fuera de Sonora, la justicia. Porque aquí, en Sonora, la justicia se hace nada más en los bueyes de mi compadre.

Lo que también es cierto, y así me lo hacía saber ayer un reconocido funcionario federal, es que ese ciclo en que los acusadores de hoy serán los acusados de mañana, se está acabando.

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