Pretenden dejar sin servicios públicos a inmigrantes en Arizona
Agencias
Phoenix, Arizona.- La Legislatura de Arizona recibió una iniciativa de ley que convertiría en delito que los indocumentados con orden de deportación se beneficien de los servicios públicos del estado como el circular por vías públicas o usar un baño público.
La propuesta de ley HB 2192, presentada el miércoles por el legislador estatal republicano Carl Seel, convertiría también en delito que los inmigrantes indocumentados con orden de deportación usen un autobús de transporte urbano o conducir en vías públicas.
El proyecto de ley establece como delito menor para los indocumentados que tengan ya la orden de salir el país, el utilizar cualquier recurso público o aceptar cualquier beneficio proporcionado por el gobierno, incluyendo el asistir a la escuela pública.
Seel explicó a la prensa local que su iniciativa de ley sólo se aplicaría a los inmigrantes a los que se les haya ordenado salir del país.
“No es para el público en general, es sólo para las personas que ya han tenido su cita en la corte”, reiteró el legislador.
Sin embargo, el proyecto de ley no explica en su contenido, cómo podría ser aplicada en caso de ser aprobada la iniciativa.
Seel se ha distinguido en la legislatura de Arizona por sus propuestas de corte conservador, como la de requerir que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos demuestren que son ciudadanos estadounidenses.
El legislador, quien fue un ferviente simpatizante de la ley antiinmigrante SB 1070, argumentó que su iniciativa de ley sería una herramienta para desalentar a las personas, a quienes ya se les ordenó salir del país, el que desafíen la orden de un juez.
Insistió que de ser aprobada la iniciativa, sólo aplicaría a unos cinco mil indocumentados, ya que sólo castigaría a aquellos que ya han pasado a través del sistema judicial.
En texas, el aspirante republicano a la gubernatura, Gregg Abbot, anunció que de ser electo en noviembre, buscaría duplicar el gasto estatal en seguridad fronteriza y desplegar 500 agentes extras de policía en la frontera entre Texas y México.
Abbott, quien desde 2002 se desempeña también como procurador general del estado, dio a conocer el martes en Dallas, el plan de seguridad que aplicaría en caso de llegar a la gubernatura.
El proyecto, al que se le destinarían unos 300 millones de dólares, incluye acciones para exigir a las agencias estatales verificar el estatus migratorio de los empleados bajo el sistema federal de comprobación de datos E-Verify.
La iniciativa, contempla nuevas tácticas y herramientas para frenar delitos como el tráfico de personas y la violencia doméstica.
Abbott dijo que parte de su plan de seguridad sería financiado con el dinero decomisado en operativos contra traficantes de drogas y de reducción de la delincuencia transfronteriza.
La seguridad fronteriza ha resurgido como un problema importante en las campañas primarias republicanas en Texas.
Abbott, prácticamente no tiene contrincante de peso dentro de su partido para obtener la nominación como candidato y su único rival real es la candidata demócrata Wendy Davis en la elección general.
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