Nogales, Sonora
En un periodo de apenas tres meses, más de mil migrantes recibieron cargos penales y se procesaron casi 300 casos de delitos graves contra “polleros” o traficantes de personas en Arizona.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos anunció sus estadísticas de aplicación de la ley de inmigración para el periodo que comprende de abril a junio de este 2022.
Agencias involucradas
Estos casos se procesan en asociación con los sectores de Tucson y Yuma de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), junto con investigaciones de seguridad nacional y asistencia de otras agencias federales, estatales y del condado.
En el período de tres meses que terminó el 30 de junio de 2022, Estados Unidos presentó cargos penales en Arizona contra mil 44 personas que ingresaron o reingresaron ilegalmente al país.
En su esfuerzo continuo por disuadir la inmigración ilegal, en el Gobierno Federal también presentaron 288 casos de delitos graves contra personas responsables del contrabando de no ciudadanos indocumentados hacia y dentro del Distrito de Arizona.
La prioridad
Según la información del Fiscal, reducir el tráfico ilícito de migrantes y mitigar el riesgo para las comunidades afectadas por estos delitos, sigue siendo una prioridad para la Oficina y sus asociados encargados de hacer cumplir la ley.
Algunos de estos enjuiciamientos están dirigidos contra líderes y coordinadores de países no estadounidenses, organizaciones de contrabando de ciudadanos.
Otros enjuiciamientos tienen como objetivo disuadir a los conductores adultos jóvenes, a menudo reclutados a través de plataformas de redes sociales, de participar en esta peligrosa actividad.
«polleros» de menores
Los enjuiciamientos contra conductores jóvenes incluyen tres casos presentados contra traficantes de menores durante este período de tiempo.
Estas estadísticas representan únicamente los enjuiciamientos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Las cifras no incluyen a las personas detenidas por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de inmigración y sometidas únicamente a un proceso administrativo.
