De Vícam a Ayotzinapa
Arturo Soto Munguía
Hermosillo, Sonora.- La barbarie en Guerrero ha opacado las agendas locales.
El azoro nubla la vista, la indignación ahoga voces y obliga a voltear la mirada a las imágenes, los testimonios que se suceden en una trama de pesadilla que conjuga el feroz desengaño de ver a México en calidad de república bananera, cruzada por el abuso, la corrupción, la mentira, el cogobierno del crimen organizado. Y la impunidad, sobre todo la impunidad.
Lo que ocurre en Guerrero, sin embargo, no es muy distinto de lo que pasa en otros estados del país, Sonora incluido.
No hay que olvidar que si allá hay 43 normalistas desaparecidos, en cuya búsqueda lo único que apareció fue la escalofriante cifra de 154 cuerpos exhumados de fosas clandestinas en lo que va del año, acá hay 49 bebés muertos en la guardería ABC, cuyas familias siguen clamando justicia después de cinco años y cuatro meses.
Casos distintos, sí, pero cruzados por esos dos grandes males que casi siempre van de la mano: la corrupción y la impunidad.
En el reparto de culpa, los dirigentes y personeros de los distintos partidos políticos se han encontrado en una situación bastante incómoda, cualquier señalamiento en búsqueda de responsables termina convertido en un gran escupitajo hacia arriba, que regresa cayéndoles en la cara.
La alternancia en México no ha servido para escalar a estadios de mayor gobernabilidad o para democratizar las políticas públicas. Al contrario, ha servido para homogenizar a todos en los estándares de las peores prácticas gubernamentales.
Si hace un par de décadas las consignas que alternaba la izquierda en sus movilizaciones eran “Güan Tú Trí, qué chingue a su madre el PRI”, y “Trí Tú Güan, que chingue a su madre el PAN”, eso ha quedado en el catálogo de las anécdotas del humor involuntario.
Hoy la izquierda, los gobiernos de la izquierda mexicana aparecen igualmente manchados con la sangre de estudiantes, campesinos, indígenas. Coludidos con el crimen organizado y pactando en las alturas del poder político para negociar indulgencias.
De alguna, de muchas maneras, el sistema de partidos en México se ha venido significando en un entramado de intereses a los que no son ajenos los poderes fácticos (religiosos, mediáticos, criminales, empresariales o la mezcla de todos) que no tienen nada que ver con las necesidades urgentes e históricas de una sociedad civil a la que siguen viendo como un nopal electoral, al que deben visitar cada vez que tiene votos.
Para reiterar mentiras, para suscribir viejas y nuevas promesas que con el tiempo se volverán humo nuevamente en ese juego ya gastado, pero por lo visto aún efectivo, en el que todo cambia para que todo siga igual.
Por su alto impacto, el caso de los normalistas de Ayotzinapa ha ocupado los titulares de la agenda nacional y, como decíamos líneas arriba, ha opacado agendas locales. La de Sonora, por ejemplo, donde el gobierno estatal ha tenido un respiro en el vendaval de críticas con que lo venían vapuleando en los últimos meses, y lo he permitido pasar a la contraofensiva, volviendo a la cargada contra los indígenas yaquis que se oponen al acueducto independencia.
Dos de ellos, Mario Luna y Fernando Jiménez, siguen presos. Otros han sido hostigados y amenazados, llegando al extremo de perpetrar actos vandálicos como la quema de vehículos particulares, propiedad de otro de los líderes del movimiento.
El aparato de procuración y administración de justicia se sigue usando contra los indígenas (y contra mucha gente que ha hecho pública su inconformidad con el actual gobierno) y se prevé una nueva escalada de violencia, auspiciada desde los ámbitos gubernamentales.
Uno de los ingredientes trágicos del conflicto por el agua en Sonora es el asesinato, hace dos meses, del indígena Francisco Delgado Romo, cuyo cuerpo apareció incinerado y con un cartel escrito en español, en el que se le culpaba de traidor a la tribu.
Delgado Romo era una pieza del gobierno para promover la validación del Acueducto entre la etnia. Acusarlo de traidor en ese mensaje, dirigiría las miradas, naturalmente, hacia los opositores al acueducto, aunque por el grado de perversidad con que el gobierno del estado ha manejado este conflicto, menudearon las sospechas de que sus victimarios pudiesen venir de otro lado.
En estos días, la esposa del hoy occiso dirigió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que reitera sus hipótesis iniciales, en el sentido de que los autores del crimen de su marido podrían encontrarse entre los opositores al acueducto, concretamente señalando a Mario Luna y Tomás Rojo, éste último con una orden de aprehensión encima y huyendo de la policía hasta ahora.
La nueva embestida ha provocado una respuesta, y la etnia ya advirtió que no dejará pasar por su territorio el gasoducto que se construye para atravesar todo el estado.
Por otro lado, el pasado 27 de octubre venció el plazo para que la Conagua definiera la legalidad de los títulos de concesión que el gobierno estatal habría comprado a productores de Huásabas y Granados, principalmente, y que supuestamente amparan las extracciones de la presa El Novillo.
La Suprema Corte de Justicia concedió una prórroga de un mes, con lo que la solución definitiva a este largo litigio, se posterga una vez más, y abre un compás de espera en el que las confrontaciones están a flor de piel.
Un episodio de violencia en este conflicto no tendría por qué descartarse, considerando el grado de polarización al que se ha llegado. De hecho, el incendio de dos automóviles y el asesinato de Francisco Delgado constituyen macabros anuncios de lo que podría suceder si las cosas siguen en esa ruta.
Y si hasta hace poco se pensaba que el gobierno federal podía servir como mediador para atemperar los ánimos belicosos, al parecer hoy sus principales personeros, incluyendo al secretario de Gobernación, el procurador General de la República y el propio presidente Enrique Peña Nieto se encuentran demasiado ocupados en la atención al tema de Ayotzinapa, que por cierto será relanzado en los próximos días.
Para el próximo viernes 31 de octubre, la Coordinadora Interuniversitaria, que recientemente movilizó cientos de miles de estudiantes por todo el país, está convocando a nuevas marchas reclamando la presentación con vida de los 43 normalistas, y castigo a los responsables de las otras muertes de estudiantes en Guerrero.
Y para el 5 de noviembre, están llamando a un paro nacional al que se ha convocado a otros sectores, señaladamente el magisterial. Los estudiantes ya probaron la semana pasada, que la indignación en todo el país puede materializarse en protestas, no siempre pacíficas, por cierto.
De alguna manera, de muchas, la situación actual se parece a aquel 1 de enero de 1994, cuando en Los Pinos celebraban el ingreso de México al primer mundo, con la firma del Tratado de Libre Comercio, mientras en Chiapas estallaba el conflicto zapatista y comenzaba una secuela de hechos violentos y crímenes políticos que echaron por tierra las esperanzas.
Hoy, recién firmadas las reformas estructurales que pondrían a México en la ruta del desarrollo social, político, económico y demás, está tomando forma un movimiento nacional de indignación y protesta, que no se sabe en qué vaya a terminar.
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