Comunidades de Ohuira alertan por impacto ambiental de planta de fertilizantes en Sinaloa

home, Sinaloa.- Comunidades indígenas Mayo-Yoreme y habitantes de la Bahía de Ohuira expusieron nuevamente sus preocupaciones por los posibles efectos ambientales y sociales asociados a la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo, proyecto considerado uno de los más importantes del sector de fertilizantes en América Latina.

La obra, impulsada por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), mantiene un avance cercano al 88 por ciento y continúa bajo supervisión de autoridades ambientales federales, mientras persisten inconformidades de comunidades que consideran insuficientes las medidas de protección ecológica.

Comunidades temen daños a la pesca y al ecosistema

Representantes de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas señalaron que la principal preocupación está relacionada con posibles afectaciones a la pesca, actividad de la que dependen cientos de familias de la región. Los opositores sostienen que la operación de la planta podría modificar las condiciones del ecosistema marino de la bahía.

Entre los riesgos señalados se encuentran cambios en la temperatura del agua, afectaciones a especies marinas, manglares y zonas consideradas fundamentales para la reproducción de peces y crustáceos de importancia comercial.

Bahía de Ohuira es una zona ecológicamente sensible

La Bahía de Ohuira forma parte de un sitio reconocido internacionalmente por su biodiversidad y es considerada hábitat de numerosas especies de aves migratorias, tortugas marinas, delfines y otros organismos protegidos.

Diversas organizaciones ambientales han manifestado preocupación por el impacto que podría tener un complejo industrial de gran escala en una zona con alto valor ecológico y pesquero.

Semarnat asegura que mantiene vigilancia permanente

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó recientemente que el proyecto continúa vigente, pero sujeto a supervisión permanente y al cumplimiento de diversas condicionantes ambientales derivadas de la autorización otorgada tras el proceso de consulta indígena realizado en 2022.

La dependencia señaló que, junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mantiene acciones de inspección, vigilancia y seguimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

Un proyecto que divide opiniones

Mientras grupos comunitarios y ambientalistas continúan manifestando su rechazo al proyecto, autoridades y la empresa promotora sostienen que la planta representará inversión, empleos y producción nacional de fertilizantes estratégicos para el sector agrícola mexicano.

La controversia se mantiene activa luego de más de una década de debates legales, consultas comunitarias y recursos judiciales relacionados con la construcción de la planta en la región de Topolobampo.

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