Columnista invitado: El Zancudo (No mata, pero hace roncha)

• Panistas en Hermosillo, sin convocatoria

Arturo Soto Munguía
Si de algo sirvió la manifestación convocada ayer por legisladores panistas en Hermosillo para darle continuidad a sus esfuerzos por construir un movimiento social en defensa de la operación del Acueducto Independencia (cuyo destino se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación), fue para probar que la escandalera mediática con que se orquestó una campaña de pánico según la cual Hermosillo estaba al borde de la extinción como ciudad, no trascendió el círculo rojo.

Una convocatoria más bien magra la que se registró en la plaza Alonso Vidal, considerando el acarreo de vecinos procedentes de colonias marginales donde el PAN tiene cierto trabajo clientelar. Muy pobre, si toma en cuenta las altas expectativas que presuntamente se fincaban en el bombardeo indiscriminado de amenazas, advertencias y hasta madrazos en redes sociales, donde se atizó la discordia contra “los caciques del sur” que pretenden quitarle el agua a Hermosillo.

Quizá influyó que ayer comenzó oficialmente el periodo vacacional de la burocracia, donde se supone que el PAN-gobierno tiene suficientes adeptos como para rebosar la plaza, pero es obvio que la mayoría prefirió quedarse en sus casas. Como quiera que haya sido, la ciudad parece estar aletargada en relación a la alharaca blanquiazul que amenaza con la destrucción de la ciudad y la muerte de sus habitantes bajo las inclemencias de un verano sin agua.

O la gente no les creyó, o sus exageraciones fueron tomadas más bien con cierto escepticismo, o a los panistas les está pesando demasiado la carga negativa que los agobia desde hace unos años, a raíz de la sistemática comisión de errores, omisiones, corruptelas y denuncias de toda laya que los involucran en acciones propias de un mal gobierno.

Me tocó estar en manifestaciones realizadas en Ciudad Obregón en años pasados, y documentar marchas y concentraciones de entre 25 y 30 mil cajemenses convocados por el Movimiento Ciudadano por el Agua, que ha reactivado su lucha al sumarse al bloqueo carretero que la etnia yaqui instaló a la altura de Vícam, después de conocerse el fallo del Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que valida la operación del acueducto Independencia.

El gobierno del estado y sus personeros le están apostando a la movilización social en Hermosillo, inoculando el odio contra los cajemenses y eso no anticipa nada bueno. Sobre todo porque en Ciudad Obregón puede resurgir la convocatoria que no hace mucho llenó las calles y las plazas.

En una medición de fuerzas de esa naturaleza, el gobierno sería derrotado, pero quien llevaría la peor parte sería la sociedad sonorense en su conjunto, enfilada al despeñadero de la confrontación y el odio. En un escenario así, todos perdemos.

Lastimosamente, las partes parecen decididas a atrincherarse en posiciones irreductibles y ya enseñaron esa voluntad: el gobierno atizando una campaña oscura de alarmismo, paranoia y odio; los inconformes retomando el bloqueo carretero y perfilando la movilización social.

El gobierno de Guillermo Padrés se acerca a su ocaso. Se encuentra a menos de un año de la elección que habrá de evaluar su sexenio, y hasta hoy las cuentas no le salen. Acorralado en su peor crisis de credibilidad, no da un paso atrás y está dispuesto a enfrentar al gobierno federal, ese que mientras estuvo bajo el mando del panista Felipe Calderón, validó y alentó todas sus acciones, incluso aquellas que tipifican delitos graves.

El escenario ha cambiado, pero el grupo compacto del gobernador no parece darse cuenta de ello. Frente a la posibilidad de que la Procuraduría General de la República atraiga el desaseado manejo de 600 millones de pesos ‘desaparecidos’ del Fondo de Modernización para el Transporte (FEMOT), los diputados locales del PAN han sido enviados como kamikazes a pedir la cabeza del Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría Fiscal, Eugenio Pablos Antillón.

El pecado de este señor fue haber encarado al secretario de Gobierno, Roberto Romero López (el verdadero coordinador parlamentario del PAN) y decirle que no existen pruebas documentales que expliquen el destino de esos 600 millones de pesos.

Con el Congreso paralizado desde hace meses, ahorcado financieramente al restringirle el flujo de recursos desde la secretaría de Hacienda estatal (han dejado de ministrar alrededor de 60 millones de pesos y mantiene al Poder Legislativo sólo con lo estrictamente necesario para el gasto corriente); polarizadas las bancadas hasta el punto de revelar amenazas de muerte por parte de algunos diputados, las cosas no parecen estar en su mejor momento.

Los panistas ya dejaron claro que van por la cabeza de Pablos Antillón, y los priistas responden que no lo permitirán.

El Congreso reiniciará actividades hasta el 15 de septiembre próximo, pero si la bancada del PAN insiste en mayoritear una sesión para destituir al titular del ISAF, es seguro que la bancada del PRI y sus aliados no harán quórum para impedirlo.

O sea, la política como ejercicio para la gobernabilidad, está ausente. Pero eso no es lo peor. Lo más malo el que desde el gobierno del estado se alientan prácticas de persecución y hostigamiento contra disidentes, que el gobernador Guillermo Padrés Elías seguramente festeja en sus encuentros con los no más de diez corifeos que le aplauden todo lo que hace.

El diputado Marcos León Perea ya denunció amenazas recibidas “de carro a carro”, para que “le bajara dos rayitas” a sus críticas. Él es presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF, precisamente, y a su casa le han hecho llegar sobres manila con fotografías de su hijo. Lo mismo ha sucedido con el diputado Humberto Robles Pompa, ambos del PRI.

El asunto pasaría como una broma de mal gusto, si no fuera porque en este sexenio aún se encuentra presa en una cárcel de Huatabampo, la trabajadora doméstica de los Padrés-Dagnino, acusada de robar cinco millones de pesos que el gobernador guardaba en cajas de cartón en su recámara.

También ha sido asesinado un diputado electo, Eduardo Castro Luque, un par de días antes de tomar posesión. Y han sido asesinados también, sin que hasta la fecha se conozcan avances en las investigaciones, un par de dirigentes sindicales de transportistas cajemenses, que se dirigían a una reunión con el secretario de Gobierno.

El gobierno de Guillermo Padrés también ha utilizado vándalos encapuchados para agredir físicamente y romper manifestaciones pacíficas, como ocurrió en febrero del año pasado durante una marcha de ciudadanos inconformes con la tenencia disfrazada.

Este jueves a las 9:00 horas, el colega y amigo Germán Contreras acudirá a la PGR para denunciar amenazas en su contra, sentenciadas desde cuentas identificadas con el gobierno de Guillermo Padrés. Por ahí estaremos, para reportar los incidentes.

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