Marco A. Flores
Nogales, Sonora.- La propuesta de ley o iniciativa 3 de 3 que promueven empresarios a nivel nacional y la Concanaco es impulsada en Nogales por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó su presidente Carlos Jiménez Robles.
“Es un tema que estamos apoyando desde la estructura a nivel nacional, incluso recabamos firmas dentro de la cámara y los comercios locales para enviarlos a Concanaco para que se haga la petición formal de hacerla ley”, dijo.
Esta propuesta, derivaba de la iniciativa 3 de 3, obliga a los políticos a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, plantea directrices y un marco legal de responsabilidades para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
Además de que sería una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Si nos interesa que se realice, que sea un filtro mas para evitar todo lo que ya ha visto en periodos anteriores de gobiernos”, agregó.
Jiménez Robles comentó que a diferencia de la campaña a nivel nacional, no se busca modificar la propuesta, se promueve como originalmente se hizo desde el consejo consultivo empresarial, se busca que se haga ley por parte de los grandes empresarios del país para tratar de combatir la corrupción.
“Las cámaras y organismos buscamos que esto sea ley, es un filtro muy importante para detectar casos de corrupción, a veces sentimos que no pasa nada porque lo vemos, pero no hay como comprobarlo, entonces esta herramienta 3 de 3 nos dará esa facultad o herramienta, nos dirá como estaba ese funcionario cuando entró y como salió”, ejemplificó.
El presidente de la Canaco en Nogales añadió que se desea lograr que esto se haga ley, para que dentro de instancias u órganos legales se investiguen presuntos casos de corrupción y que haya consecuencias, no será la solución definitiva, pero si una herramienta más en busca de esa solución.
“Se ve viable y se busca que funcione, se espera que en un futuro se implemente un modelo de transparencia como el propuesto”, concluyó.
La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas se sustenta en nueve ejes:
1. La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.
2. Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.
3. Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.
4. Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.
5. Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.
6. Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.
7. Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación
8. Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.
9. Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.
