Abogados acusan al gobierno de México por envíos de detenidos a Estados Unidos sin extradición

Associated Press

Ciudad de México.– Un grupo de abogados y familiares de presuntos integrantes de organizaciones criminales acusó al gobierno de México de violar la ley al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos sin una orden formal de extradición.

Los señalamientos se producen menos de una semana después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum trasladara a 37 personas detenidas hacia territorio estadounidense, en acciones que analistas han interpretado como parte de una estrategia de cooperación bilateral en materia de seguridad frente a las presiones del gobierno del presidente Donald Trump.

Más de 90 detenidos enviados a Estados Unidos

De acuerdo con los reportes, 92 personas vinculadas al crimen organizado han sido enviadas a Estados Unidos en tres entregas distintas desde febrero pasado, como parte de una política orientada a combatir a los cárteles y mantener una relación funcional con Washington.

El gobierno mexicano ha sostenido que dichos traslados fueron legales y justificados por razones de seguridad nacional, mientras que autoridades estadounidenses afirman que muchos de los detenidos eran requeridos por delitos cometidos en su territorio y contaban con solicitudes de extradición pendientes.

Debate legal y cuestionamientos

Durante una conferencia de prensa realizada el lunes, abogados defensores señalaron que a sus clientes se les negó el debido proceso, al ser enviados sin que mediara un procedimiento judicial de extradición, el cual normalmente implica audiencias, recursos legales y resoluciones judiciales.

“Esto nos obliga a preguntarnos si estas decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”, expresó Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas trasladadas recientemente.

Los argumentos, indicaron, son similares a los utilizados en su momento por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Denuncias contra funcionarios federales

Entre los casos expuestos, Vanesa Guzmán, pareja de un presunto líder regional del cártel de Los Zetas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra altos funcionarios del gobierno mexicano, incluido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La denunciante acusó a los funcionarios de “traición a la patria”, al considerar que el traslado de su pareja, Juan Pedro Saldívar Farías, constituyó un “destierro”.

“Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”, afirmó.

Respuesta desde Estados Unidos

Las críticas fueron minimizadas por Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, quien defendió los traslados al considerar que aceleran procesos judiciales que suelen estancarse durante años debido a recursos legales presentados por las defensas.

Vigil sostuvo que la Constitución mexicana faculta al Poder Ejecutivo a tomar decisiones extraordinarias en casos de seguridad nacional y advirtió que muchos líderes criminales continúan operando desde prisión en México.

“Estas vías rápidas son valiosas para garantizar que enfrenten la justicia”, declaró.

Debate abierto

El tema ha abierto un debate jurídico y político sobre los límites de la cooperación bilateral, el respeto al debido proceso y el papel del Estado mexicano en la lucha contra el crimen organizado, mientras continúan los traslados y las investigaciones en ambos países.

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