Aprueba Cabildo dictamen de Comisión Plural de Entrega-Recepción

Boletín oficial/Nogales, Sonora

En sesión extraordinaria, el pleno del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Juan Gim Nogales, aprobó el dictamen de poner a conocimiento y consideración el dictamen elaborado por la Comisión Especial Mixta del Cabildo con motivo del proceso de entrega-recepción del Gobierno Municipal.

Con la aprobación de este procedimiento establecido en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, significa un paso fundamental para el desarrollo de agenda de las posibles comparecencias de los servidores públicos de la pasada administración municipal, sí así lo dispone el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría), en base a los resultados que arroje el seguimiento de la investigación de la glosa de la entrega-recepción que tiene en sus manos.

A nombre de los integrantes de la Comisión Especial Plural, el Presidente de la misma, Francisco Martín Bojórquez Quiñones, leyó previamente ante el pleno un extracto del dictamen que fue puesto a conocimiento y consideración de pleno, para después la mayoría de los regidores aprobar dicho dictamen.

Luego de despejarse algunas dudas respecto a la solicitud planteada ante el pleno, el Presidente de dicha Comisión expuso: “Lo que estamos tratando aquí es que de manera formal y como lo marca la ley, la comisión pone a disposición del pleno para su conocimiento y consideración el acuerdo, para que posteriormente en esta u otra sesión del Cabildo se apruebe la agenda de comparecencias de los exfuncionarios, si así lo solicita la Contraloría”, dijo Bojórquez Quiñones.

Todos los integrantes del Ayuntamiento deben conocer el dictamen ya aprobado por los miembros de la comisión y si existen elementos legales para llamar a comparecer a los exfuncionarios de la pasada administración, ahí sí debe votarse esa solicitud y comenzar con la agenda de comparecencias.

De acuerdo a la Ley de Gobierno y Administración Municipal, los ex servidores públicos tienen la obligación de aclarar las inconsistencias que sean encontradas en la glosa que revisa e investiga la Contraloría.

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