Columnista invitado: El Zancudo (No mata, pero hace roncha)

  • Peligra la vida de activista en SLRC. Y un caso para el Procurador

Arturo Soto Munguía
Hermosillo, Sonora.- El 25 de febrero pasado, Martha Solórzano Martínez, defensora de los derechos humanos en San Luis Río Colorado, organizó una protesta frente a las instalaciones de la policía municipal en aquella fronteriza ciudad, denunciando la brutal golpiza recibida por un joven a manos de agentes locales.

Desde entonces a la fecha, la activista ha sido víctima de acoso, hostigamientos y amenazas, de las cuales ya han tomado nota organizaciones como la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos (RNDH), CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer AC) y hasta Amnistía Internacional (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/04/02/preocupa-a-ai-integridad-de-martha-solorzano-activista-de-sonora-8644.html ).

Hoy, CIMAC hizo circular el boletín que transcribimos a continuación, por considerar de interés público el peligro que corre Martha Solórzano, sobre todo después que el pasado 14 de junio fue agredida física y verbalmente por agentes de seguridad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

Aquí la información:

Organizaciones civiles exigieron a Guillermo Padrés Elías, gobernador de Sonora, que garantice medidas de protección y justicia para la defensora de Derechos Humanos (DH) Martha Solórzano, por las agresiones físicas y verbales que sufrió el pasado 14 de junio por parte de elementos de seguridad del mandatario estatal.

Ese día, la activista sonorense, integrante de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, fue agredida física y verbalmente por elementos de seguridad de Padrés Elías mientras intentaba acercarse a él para solicitar su apoyo en el caso de cuatro jóvenes torturados por policías municipales.

Por esto, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México emitió una carta abierta dirigida al gobernador sonorense, en la que expresó su preocupación por la seguridad de la activista.

Igualmente exigió medidas de protección para salvaguardar su integridad física y psicológica, y que las autoridades estatales y municipales investiguen los hechos para evitar impunidad.

Según la misiva, la preocupación por parte de las organizaciones que conforman la Red Nacional está fundamentada en otras agresiones que la defensora experimentó por parte de la policía municipal como represalia a su labor.

En este contexto, la agrupación alertó al gobernador que policías municipales han allanado, agredido y hostigado la labor de la activista; además de que la detención en 2012 del hijo de la defensora, Jorge Luis Zavala, pudo haber sido una represalia.

Cabe recordar que la activista cuenta con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), pero aun así sigue enfrentando agresiones.

Martha Solórzano es activista del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. En 2008 presentó una denuncia formal contra el policía municipal Diego Navarro por abuso de autoridad, robo y violación, y en 2010 inició protestas pacíficas por el caso de Zulma Janeth Hernández, una joven que murió en la cárcel debido a falta de atención médica tras haber sido golpeada por policías.

II

Esta columna, usualmente alejada de temas policiacos, hace una excepción para comentar sobre una denuncia hecha llegar hoy, relativa a la presunta existencia de una red de corrupción que opera en la Procuraduría General de Justicia del Estado, al mando de Carlos Navarro Sugich.

Es posible, nos dice el denunciante, de quien por obvias razones nos reservamos su identidad, que el procurador no esté enterado de este caso que por cierto, no es nuevo, sino que ahora sí que, como dice el lugar común, viene desde anteriores administraciones.

Se trata de una red encabezada por un empleado menor de la PGJE, de nombre Víctor Hugo Arredondo, adscrito a la Dirección de General de Programación, Organización y Presupuesto, a quien señalan como el operador de una red que ofrece permisos de portación de armas de fuego, vendidos en 50 mil pesos, más 400 pesos mensuales para mantenerlos vigentes.

El señor se ostenta como investigador privado y ayudado por otras personas, ofrece servicios para obtener datos sobre algunos casos investigados por la Procuraduría, señaladamente los relativos a las órdenes de aprehensión.

Concretamente, el modus operandi sería la extorsión sobre personas con órdenes de aprehensión pendientes, exigiéndoles dinero a cambio de no hacerlas efectivas.

Resulta muy extraño que nadie en la Procuraduría se haya dado cuenta de lo que ocurre, ya que el señor Arredondo, cuyo salario mensual ronda los diez mil pesos mensuales llega a trabajar en una Hummer H3 color blanco, o en un Mustang de modelo reciente, y gusta presumir motocicletas de carreras y Jet Sky, nos dicen.

La denuncia parece demasiado seria como para que el procurador Carlos Navarro Sugich tome cartas en el asunto. A menos que…

III

Hoy tendrían que sesionar los diputados del Congreso local. Lo más probable es que eso no suceda.

La ausencia de vocación política, el atrincheramiento en posiciones irreductibles y la apuesta al ejercicio de un gobierno autoritario que se viste con las joyas de los reyes que creyeron haber matado (aunque evidentemente gozan de cabal salud), ha generado una nueva crisis en el Poder Legislativo.

Efectivamente, todas aquellas premisas que inspiraron las luchas de los panistas en Sonora hasta hace todavía pocos años (luchas que se manifestaron de mil formas: en el recinto legislativo, rompiendo el quórum, por ejemplo) para minar la legitimidad de un régimen priista en decadencia, son las mismas de las que hoy reniegan y satanizan los blanquiazules.

No es difícil apreciar que hoy, los panistas en el gobierno de Sonora se encuentran en una posición muy parecida a la que tenían los priistas en 2009, cuando aún eran gobierno.

Es decir, el PAN se encuentra en la antesala de su despedida, después del desastroso debut de esta alternancia que, hoy se ve por todos lados, resultó fallida.

Incluso si hubiera acuerdos para sesionar este martes, ya las cosas no van a cambiar en los próximos meses. Lo que es peor, se tornarán más graves, porque no solamente no se observa por algún lado la intención de pactar la gobernabilidad, sino los rabiosos instintos por aniquilar al contrario.

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Martha Solorzano.
Martha Solorzano.

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