Columnista invitado: El Zancudo (No mata, pero hace roncha)

  • Vienen días aciagos para el Nuevo Sonora

Arturo Soto Munguía
Hermosillo, Sonora.- No sorprendió tanto la destitución, por mandato judicial, de Enrique Martínez Preciado como titular de la Comisión Estatal del Agua.

Eso se veía venir, de la misma manera que se ve venir ahora el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra, dictada por la magistrada del Cuarto Tribunal Unitario del Quinto Circuito desde el 6 de noviembre del año pasado. Se le acusa de desacato.

Sorprendió más la salida que le dio el gobernador al asunto. Interrogado al respecto, Guillermo Padrés informó que el señor Martínez Preciado “ha sido nombrado por mi persona como presidente del Consejo Ciudadano del Foossi (Fondo de Operación de Obras Sonora SI) porque lo necesitamos como asesor, que nos ayude no sólo en el tema del CEA sino también en otros aspectos”.

Sorprende la naturalidad con que el gobernador asume que sus consejos ciudadanos pueden y deben ser presididos por connotados militantes de su partido, el PAN, despojándolos ya sin ningún pudor ni recato de cualquier mínima pantalla que los barnice de ‘ciudadanía’.

Aunque ciertamente, no debería sorprender tanto, dada la reiterada vocación del gobernador por cobijar a sus leales en la nómina, así éstos se encuentren inhabilitados o sujetos a procesos penales.

En mayo del año pasado, el ex alcalde guaymense César Lizárraga Hernández fue inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público, debido un juicio en que se le comprobaron daños patrimoniales y perjuicios contra el Ayuntamiento de Guaymas.

El órgano de control interno de ese Ayuntamiento también inhabilitó a quien fuera director de Infraestructura Urbana, José de Jesús Morales Uruchurtu. A ambos les impusieron multas superiores a tres millones de pesos.

Pero Lizárraga Hernández fue ‘salvado’ por el gobernador, dándole el cargo desde noviembre de 2012 como director de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa del gobierno estatal.

Lo mismo ocurrió con José Ángel Hernández Barajas, quien fuera alcalde de Nogales en el trienio 2009-2012, también inhabilitado y enjuiciado, pero el gobernador lo nombró director Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Hoy le tocó el turno a Enrique Martínez Preciado. El pasado 10 de junio los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado resolvieron por unanimidad negarle el amparo que había solicitado.

El asunto llega en el peor de los momentos. A Martínez Preciado lo acaban de involucrar en una presunta operación fraudulenta, en la que habría participado al comprar, como titular de la CEA más de 400 hectáreas valuadas en 14.9 millones de pesos, pero por los cuales el gobierno a través del Foossi pagó 148 millones de pesos. Diez veces su valor.

Esos terrenos serían utilizados para continuar los trabajos del ramal norte, una obra complementaria del Acueducto Independencia, que hace un par de semanas fue clausurada por autoridades federales, al carecer de permiso de uso de suelo y manifestación de impacto ambiental.

La respuesta del gobierno estatal y del PAN fue enderezar sus baterías contra los delegados de Profepa, Semarnat y Conagua; así como al PRI, acusándolos de haberse confabulado para ‘impedir que Hermosillo tenga agua’.

De hecho, ayer arreciaron una campaña en redes sociales y seguramente la replicarán en otros medios tradicionales, montándose en ese discurso.

Ayer mismo circuló en las redes un oficio presuntamente girado por el secretario de Gobierno al señor Martínez Preciado, que a la letra dice: “Los sucesos en torno al proyecto Ramal Norte han tomado un curso muy difícil, recomiendo se preparen estrategias de restricción de agua en el norte de Hermosillo, así como las campañas necesarias para responsabilizar a los actores del PRI y sus delegados por la obstrucción a la construcción del ramal”.

En otras condiciones, la autenticidad del documento podría ser puesta en tela de duda; en las actuales, en medio de la peor crisis de credibilidad por la que atraviesa este gobierno, y la torpeza de sus acciones en materia de comunicación y política, muy pocos dudarían de ella.

Por si todo lo anterior no bastara, y para documentar lo anteriormente asentado en torno a las torpezas políticas, la autoridad judicial estatal liberó órdenes de aprehensión contra los voceros de la etnia yaqui, Tomás Rojo y Mario Luna, a quienes se les revivió un juicio por privación ilegal de la libertad en contra del profesor indígena, Francisco Delgado Romo, uno de los puntales del gobierno estatal en las labores de zapa entre la etnia.

Durante el bloqueo que en meses pasados mantenían los yaquis en la carretera federal 15, a la altura de Vícam, este profesor, pasado de copas, intentó romper el bloqueo echando encima de la gente el pick up que conducía. Eso le valió que las autoridades tradicionales lo juzgaran bajo sus usos y costumbres, deteniéndolo hasta que se le pasara la borrachera.

Eso derivó en una denuncia que no procedió en su momento, pero que hoy es retomada, justo en los momentos más críticos para la autoridad estatal, a quien se le está descomponiendo demasiado el escenario político y social.

Al menos otros tres miembros del gabinete padrecista enfrentan acusaciones de corrupción y mal uso de recursos públicos, derivadas de observaciones hechas por el ISAF a la cuenta pública 2012, por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. Se trata de Teresa Lizárraga (Isssteson); Héctor Ortiz Ciscomani (Sagarpha); Bernardo Campillo (Secretaría de Salud); Víctor Alcaraz (ex titular de Femot), y la quema podría alcanzar al propio secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista.

Los diputados del PAN se metieron en un callejón sin salida al aferrarse en mantener la mesa directiva del Congreso, evitando así que llegara un priista y éste pudiera llamar a comparecer a esos funcionarios.

Los priistas la batearon. Optaron por romper sistemáticamente el quórum, evitando sesionar y atrapando a los panistas en su propia trampa. Lo anterior, porque en el plano nacional el presidente Enrique Peña Nieto necesita la aprobación de la reforma electoral, a lo que el PAN se comprometió en el marco de los acuerdos respectivos.

El presidente necesita que los Congresos estatales y los Ayuntamientos del país, mayoritariamente, aprueben esa reforma y tienen de plazo para ello, el 30 de junio.

En ese contexto, no son los priistas en Sonora, pues, a quienes les urge cumplirle al presidente, sino a los panistas, que a cambio de sus avales desde el llamado Pacto por México, han podido negociar muchas cosas con el gobierno federal. Dicen que hasta impunidad. Dicen.

Y precisamente ayer, diputados locales sonorenses se reunieron con el dirigente nacional de su partido, César Camacho Quiroz, uno de los hombres más cercanos al presidente. Allí estuvieron el coordinador parlamentario Samuel Moreno Terán, Guadalupe Gracia Benítez, Próspero Ibarra Otero y Humberto Robles Pompa.

De lo que hablaron, dirían los clásicos, sólo ellos lo saben. Pero con toda seguridad, entre los temas tratados no estuvieron las coyotas de Villa de Seris o las posibilidades de avanzar a la segunda ronda en Brasil.

Si en las últimas semanas al PAN-Gobierno en Sonora le ha llovido en su milpita, todo parece indicar que en los días por venir, el aguacero será torrencial.

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